El viernes se aprobará la entrada en vigor de un Ingreso Mínimo Vital destinado a cerca de un millón de familias sin ingresos en nuestro país. La pandemia COVID ha precipitado la aparición de esta medida aunque figuraba en los programas electorales de los partidos políticos goberantes.
¿Por qué es necesario un Ingreso Mínimo Vital?
En datos de 2018, un 21,5% de las personas que habitan en España, han estado en riesgo de pobreza, este porcentaje alcanza a casi diez millones de personas. Esto nos coloca en el séptimo país con la tasa más alta mientras ocupamos el puesto 33 de los 196 países del ranking de PIB per cápita.
No podemos caer en el error de usar determinadas medidas estadísticas que nos impiden analizar la realidad con exactitud. Ese 21, 5% tiene un reparto desigual en nuestro país. De País Vasco, la Comunidad Autónoma con menor porcentaje, a Extremadura hay una diferencia de 32,5 puntos.
Las cifras y los datos estadísticos y objetivos tienen una peculiaridad, no son tan eficaces para convencer como la personalización de esos datos. Es más probable que nos veamos persuadidas por una historia que por una estadística brutal. Aunque los datos que recoge el mapa anterior son para que cualquier persona crea necesaria la implantación de una medida que tenga como objetivo paliar esta enorme desigualdad.
Este artículo podría estar acompañado de cientos de historias. Historias que personalizaran la realidad de ese mapa, pero ese no es el fin último de esto.
Aporofobia o el hastag #DamePaguita.
Más del 83% de las personas encuestadas por el CIS está a favor de la implantación de un Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, cuando se hizo pública la medida, surgió un movimiento en redes sociales que la rechazaba mediante el hastag #DamePaguita. Este movimiento, hoy, ha vuelto a tomar virulencia acercándose la fecha de su aprobación.
La aporofobia es un término acuñado por la Catedrática Adela Cortina. El libro que teoriza este término resulta imposible de sintetizar. Pero queremos resaltar el reconocimiento histórico a que las personas tienen derecho a que la sociedad las ayude a salir de la pobreza.
Por esta razón, queremos desmontar algunas falsas informaciones o conclusiones sin validez a las que se ha llegado a través de razonamientos aporófobos, o al menos, sin perspectiva económica y social fiable.
«El Ingreso Mínimo Vital no es rentable».
Según el economista José Carlos Díez, la aparición de un Ingreso Mínimo Vital afectará al consumo de manera directa. Las familias destinarán esos recursos económicos a la compra en establecimientos, lo que repercutirá en beneficio de la economía más básica: alimentos, ropa, hostelería.
Es muy poco probable que estos bienes económicos vayan a un ahorro estático, sino que se destinarán a economía básica y dinámica. Zapatos, ropa, cesta de la compra, electricidad, gafas. Bienes que procuran una vida más digna.
«Deberían obligarles a trabajar por recibir el Ingreso Mínimo Vital».
Por suerte, en nuestro sistema democrático existe una regulación laboral que obliga toda persona o figura empleadora a proporcionar unos derechos a la persona empleada. La renta mínima en el IMV será de 462 mensuales, esta cantidad está bastante alejada del Salario Mínimo Interprofesional. La conclusión a este razonamiento es que sería ilegal.
«Esas ayudas deberían ir a las empresas para fomentar la contratación».
Existen perfiles empleables y perfiles con dificultades de empleabilidad. Es innegable que algunas condiciones personales, familiares, económicas y sociales constituyen una desventaja a la hora de encontrar un trabajo. La discriminación laboral existe por razones de género, edad, raza, orientación sexual, procedencia, discapacidad u orientación de género. A menos que se realizara una regulación de las ayudas a la contratación rigurosa, es mucho más probable que una persona empleadora se decantara por un hombre blanco sin cargas familiares que por una mujer joven con tres hijos en edad escolar. Para la protección de los perfiles con dificultad de empleabilidad deben existir medidas como el Ingreso Mínimo Vital.
«De esta medida se beneficiará la inmigración ilegal».
Esto es falso y se ha refutado desde muchas plataformas, sin embargo, se sigue utilizando como argumento aporófobo. Es imposible beneficiarse de ayudas sociales si la persona se encuentra en situación no regular. Sin embargo, el grupo poblacional que más recurre a las ayudas sociales son las familias monomarentales, según un estudio de Cáritas. Desde diferentes plataformas sociales se ha pedido una ley general que regule la situación de estas familias, ya que no tienen una cobertura específica igualitaria en todas las Comunidades Autónomas.
«Es una medida que creará vagos».
Abríamos el artículo con el bajo porcentaje de población en pobreza del País Vasco. Es la Comunidad Autónoma con mejores servicios sociales de España. En el resto del país, las ayudas sociales alcanzan a un 7% de la población en riesgo, mientras en el País Vasco este porcentaje es del 71%. Allí, desde el año 1989, existe la Renta de Garantía de Ingresos y no solo está destinada a hogares sin ingresos sino como complemento salarial. ¿Ha ayudado a generar desempleo? La respuesta es no.
Según estudios, la presencia de una renta garantizada no genera el efecto llamada al desempleo por elección. Existen otras variables que influyen con más potencia. Una economía basada en industrias estacionales, alto porcentaje de personas con niveles educativos bajo, escasa inversión en el territorio o bajo consumo de su población.
Si has escuchado alguna reflexión o quieres aportar algo acerca de este tema, sería genial que lo dejaras en comentarios.
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